Un centenar de israelíes -entre ellos un antiguo rehén de Hamás, algunos supervivientes del 7 de octubre y familias de hombres, mujeres y niños asesinados por terroristas- han presentado una demanda contra la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. La demanda, presentada recientemente en un tribunal federal de Manhattan, busca daños y perjuicios a la agencia por permitir que algunos de sus fondos fueran desviados de Hamás y utilizados con fines terroristas contra Israel. Los acusados nombrados en la demanda son el actual jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini; su predecesor Pierre Krähenbühl, que ahora trabaja para la Cruz Roja Internacional; las ex comisionadas generales adjuntas Leni Stenseth, Sandra Mitchell y Margot Ellis; Greta Gunnarsdottir, directora de la oficina de la agencia en Nueva York, y Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. “El personal, las instalaciones y la capacidad de la UNRWA para transportar dólares en efectivo a Gaza constituyeron un poderoso pilar del plan de Hamás para llevar a cabo el ataque del 7 de octubre”, se lee en la denuncia presentada en Nueva York, sede de la agencia de la ONU. La tesis es que la UNRWA “sistemática y deliberadamente ayudó e instigó a Hamás y sus objetivos”.
Según la acusación, en Gaza la agencia, a diferencia de otros lugares donde opera, paga a sus 13.000 empleados locales en dólares estadounidenses que deben cambiarse por shekels. El cambio a la moneda israelí utilizada en el enclave es operado por cambistas afiliados a Hamás que retienen entre el 10 y el 15% de cada transacción. De esta manera, los terroristas palestinos “recibieron los dólares en efectivo necesarios para pagar a los contrabandistas de armas, explosivos y otro material terrorista”.
Si UNRWA pagara a su personal de Gaza en shekels, dicen los demandantes, el dinero podría enviarse electrónicamente, reduciendo la necesidad de pagar comisiones a los cambistas de Hamás y evitando así proporcionar ingresos financieros al grupo.
Otro punto planteado en la acción legal es el hecho de que la UNRWA “proporcionó a sabiendas apoyo material a Hamás en Gaza”, permitiéndole tener un refugio seguro en sus centros, incluidas escuelas y otros edificios utilizados como depósitos de armas o de mando, sobre la base del supuesto de que sus premisas “eran inviolables” y, por tanto, inmunes a los ataques de Israel.
Entre los que firmaron la denuncia se encuentra Ditza Heiman, secuestrada el 7 de octubre y luego liberada en noviembre. Heiman dijo que la persona que la mantuvo cautiva era un maestro de escuela de la UNRWA y que la agencia de la ONU le dio raciones de alimentos que no estaban destinadas a la venta. «El hecho de que Hamás gobierne Gaza no es una excusa para que la URNWA contrate y financie terroristas. Debería haber tomado todas las precauciones para evitarlo”, dijo Heiman a Ynet.
