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Despido sin justa causa, empleado demanda a la empresa. Nada particularmente inusual, si tan solo el protagonista del caso legal no fuera uno monja y el empleador el Vaticano. La protagonista de esta historia es la Madre Marie Ferréol.
Monja despedida, la historia
La decisión de tratar el caso como un sobreseimiento común y llevarlo ante un tribunal civil ha suscitado una considerable polémica en Francia, donde la madre María Ferréol fue expulsada después de 34 años de un monasterio en Bretaña, y provocó una fuerte reacción de la Santa Sede, que envió una “nota verbal” a la embajada de París en el Vaticano, expresando su preocupación por el “riesgo de una grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos”.
La madre Marie Ferréol, de 57 años, fue expulsada del Instituto de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo en Berna en octubre de 2020, después de 34 años en la comunidad, tras una “visita apostólica” realizada por el cardenal canadiense Marc Ouellet. Desde su expulsión, la ex monja, nacida Sabine de la Valette, vive gracias al “Revenu de Solidarité Active”, un ingreso mínimo garantizado por el Estado francés.
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El tribunal condenó a la asociación sindical de la comunidad a pagar 33.622 euros por deber de diligencia y ordenó una indemnización de 182.400 euros por daños materiales más 10.000 euros por daños morales, que afectan también al cardenal Ouellet y a otros dos visitadores apostólicos. Según el abogado de los inspectores vaticanos, el tribunal “no tenía derecho de acceso al expediente sobre cuestiones canónicas”, ya que se trata de un asunto interno de la Iglesia.
LA RESPUESTA DEL VATICANO
La Santa Sede, a través de su portavoz Matteo Bruni, subrayó que sólo tuvo conocimiento de la “supuesta sentencia” a través de la prensa y reiteró que el cardenal Ouellet “no ha recibido ningún decreto de citación”. Bruni confirmó que «el cardenal efectivamente realizó una visita apostólica al Instituto de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo, en cumplimiento de un mandato pontificio» y que «al concluir esta visita, se adoptaron una serie de medidas canónicas contra la Señora Sabine de la Valette, incluido su despido del instituto religioso.” La nota verbal de la Santa Sede concluye subrayando que «una eventual sentencia del Tribunal de Lorient podría plantear no sólo cuestiones pertinentes en materia de inmunidad sino que, si se pronunciara sobre la disciplina interna y la pertenencia a un instituto religioso, podría haber dado lugar a a una grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos”.
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