En Liguria las togas suspenden la democracia

Según el juez de instrucción de Génova, Toti debe permanecer bajo arresto domiciliario porque si queda libre podría repetir el delito y pedir financiación ilícita de cara a las elecciones regionales de 2025. Una especie de chantaje: Toti no podrá volver a la libertad. hasta que renuncie como gobernador

Las razones con las que la jueza de instrucción de Génova, Paola Faggioni, rechazó la solicitud de revocación del arresto domiciliario contra Giovanni Toti representan efectivamente una suspensión de la democracia en Liguria por parte del poder judicial. El gobernador fue puesto bajo arresto domiciliario el pasado 8 de mayo principalmente por el riesgo de reincidencia en el delito. Según el juez de instrucción, Toti, como hombre libre, podría solicitar más financiación ilícita a los empresarios con vistas a las elecciones europeas. Este riesgo se basaba en una mera hipótesis, ligada a lo que (según la tesis de los fiscales) habría ocurrido durante las pasadas elecciones, no en un peligro concreto: de hecho, no había ninguna pista ni intervención telefónica de la que surgiera el intento de Toti de recibir financiación ilícita para su comisión antes de las elecciones europeas.

Las razones con las que la jueza de instrucción de Génova, Paola Faggioni, rechazó la solicitud de revocación del arresto domiciliario contra Giovanni Toti representan efectivamente una suspensión de la democracia en Liguria por parte del poder judicial. El gobernador fue puesto bajo arresto domiciliario el pasado 8 de mayo principalmente por el riesgo de reincidencia en el delito. Según el juez de instrucción, Toti, como hombre libre, podría solicitar más financiación ilícita a los empresarios con vistas a las elecciones europeas. Este riesgo se basaba en una mera hipótesis, ligada a lo que (según la tesis de los fiscales) habría ocurrido durante las pasadas elecciones, no en un peligro concreto: de hecho, no había ninguna pista ni intervención telefónica de la que surgiera el intento de Toti de recibir financiación ilícita para su comisión antes de las elecciones europeas.

Una vez celebradas las elecciones, el juez de instrucción afirma que Toti aún podría repetir la conducta denunciada de cara a las elecciones regionales de 2025. “Este peligro – escribe el juez – se vuelve aún más concreto cuando se considera que la persona antes mencionada continúa desempeñando las mismas funciones y cargos públicos, con la consiguiente posibilidad de que vuelvan a ser puestos al servicio de intereses privados a cambio de financiación”. En definitiva, ocupar el cargo de gobernador implicaría en sí mismo el riesgo de cometer el delito de corrupción, razón por la cual Toti debe permanecer detenido.

Una visión singular de la democracia, que lleva a una conclusión paradójica: Toti no podrá volver a la libertad hasta que dimita como gobernador. Una especie de chantaje. El segundo motivo esgrimido por el juez de instrucción para confirmar la detención domiciliaria también es irrisorio: Toti podría contaminar el marco probatorio, porque “las investigaciones están en pleno desarrollo y, en particular, se están celebrando audiencias a funcionarios y directivos de la región”. En resumen, cuatro años de investigaciones y una montaña de escuchas telefónicas no son suficientes. Evidentemente porque aún no se ha encontrado ni la más mínima prueba del delito de corrupción.

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