Reggio, el ex concejal Luigi Tuccio invoca la comisión de acceso y escribe al prefecto

Reggio, el ex concejal Luigi Tuccio invoca la comisión de acceso y escribe al prefecto
Reggio, el ex concejal Luigi Tuccio invoca la comisión de acceso y escribe al prefecto

Recibimos y publicamos la carta abierta del ex concejal del municipio de Reggio Calabria, Luigi Tuccio, dirigida a la prefecta de Reggio Calabria, Dra. Clara Vaccaro, sobre la investigación sobre el intercambio de votos que ha inundado la política de Reggio Calabria en los últimos días.

«Yo, concejal dimisionario del municipio de Reggio Calabria, destituido por infiltración mafiosa, En el silencio bipartidista de la política inútil de Reggio Calabria, les pido en voz baja que determinar la tarifa de acceso para el Municipio de Reggio Calabria.

Poco después del momento en el que me involucré innecesariamente en los acontecimientos del informe de la prefectura, sistemáticamente desmentido en su contenido por la fuerza de la verdad y de la historia, que han certificado su total falta de fundamento, el entonces Fiscal Cafiero De Raho, hoy adalid político del Movimiento Cinco Estrellasadvirtió que la lucha contra el crimen organizado no puede ignorar una lectura profunda y transparente de los aspectos más íntimos de las relaciones entre el mundo político-administrativo y los exponentes del crimen organizado, disfrazado de empresariado mafioso.

Ahora bien, hoy, sobre la base de una cultura del garantismo recibida de jure hereditario y de la que me inspiro en gran medida, convencido de que las investigaciones deben seguir su propio curso y que los sospechosos siguen siendo presumidos inocentes hasta que se llegue a una sentencia definitiva, “Leo” el espléndido y atronador silencio que presenciamosno sólo del mencionado movimiento político sino aún más de las asociaciones extemporáneas, como “Reggio Non Tace”, que siguen el silencio significativo de los exponentes políticos locales – de derecha a izquierda – sentados en el ayuntamiento o en las salas de la Reggio y Romanos quienes, en cambio, en el momento de mi participación, ¿cuál? Concejal municipal externo, por un asunto judicial que no me concernía en absoluto, ni como persona ni como administrador, no dudaron en lanzarme flechas de moralismo, lanzadas de derecha a izquierda, incluso planteando la hipótesis de que, a través de mi persona (criada sobre pan y legalidad desde los primeros gritos), una especie de virus criminógeno había podido entrar en las opciones de la administración pública y, por lo tanto, se me “recomendó” unánimemente dimitir.

Por supuesto, hoy a la luz de los acontecimientos de hoy que, de hecho, certifican en varias ocasiones, al menos, las irregularidades administrativas de los resultados electorales, que de hecho fueron inmediatamente denunciadas por Klaus Davi en solitario, observo, con gran amargura, la insensibilidad camaleónica de la política (¡todos!) a los valores de la ética política y a la protección del bien público, remodelando el pensamiento a la luz de las conveniencias actuales, refugiándose en un silencio conveniente, destinado a proteger los emolumentos individuales recibidos a través del consejo, desafiando cualquier valor ético y razones de conveniencia que se hizo alarde en su momento y hoy revela las verdaderas razones de la oportunidad y, de hecho, del oportunismo político.

Conviene, por tanto, recordar verdadera relación del art. 143 Tuel, cual es el de comprobar la existencia de “formas de condicionamiento de los propios directivos, que comprometan la libre determinación de los órganos electivos y el buen desempeño de las administraciones municipales y provinciales, así como el regular funcionamiento de los servicios que tienen encomendados o que sean tales que causen daños graves y duraderos al estado de seguridad pública” .

no son suficientesde hecho, los determinantes y cada vez más deseados iniciativas judiciales, Sin embargo, sólo apunta a reprimir la fase patológica de la administración pública, y mucho menos a la evidente indiferencia de la mayoría silenciosa de los ciudadanos que continúan, elección tras elección, expresando su disenso con evidente abstencionismo, pero está claro que las instituciones de la prefectura también debe demostrar de queriendo contribuir al renacimiento de la ciudad de Reggio Calabria, evidentemente inclinados a la lógica del mero oportunismo personal e identificados transversalismos partidistas dirigidos únicamente a las carreras políticas.

Y luego, Su Excelencia, con el debido respeto a su papel, aceptar la apelación no sólo de aquellos que sintieron el deber de entregar las delegaciones, aunque convencidos de su propia implicación en los “cargos” (¡de hecho, ninguno!) impugnados, al considerar que en aquel momento histórico la ciudad tenía precisamente la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, a través de un gesto concreto (la propia resignación) y no sólo a través de pensamientos vacíos que circulan por ahí; pero acoger con agrado el atractivo de una ciudad entera, en parte doblados por el peso de la desconfianza hacia las instituciones y en parte convenientemente silenciosos bajo los dictados partidistas determinados transversalmente.

Hoy es el día en que el Estado no puede permitirse la oportunidad de no hacer que las instituciones se sientan cercanas a los ciudadanos, no hacerles perder ese Sentido de Estado que no puede limitarse a celebraciones públicas que, si bien contribuyen a la difusión de los valores de la Patria, corren el riesgo de surgir de la mera vacuidad si no van acompañadas de iniciativas concretas como, precisamente, el envío de la Comisión de Acceso prevista en el párrafo segundo de la citada ley que establece expresamente: “El Prefecto competente en el territorio organizará cualquier evaluación adecuada, promoviendo normalmente el acceso al organismo de que se trate. En este caso, el Prefecto nombra una Comisión de Investigación… a través de la cual ejerce las facultades de acceso y verificación que ostenta por delegación del Ministro del Interior…”

Y eso aún no ha terminado un juicio sumario previo de las recientes investigaciones, merecedoras de todo tipo de garantías procesales hasta que se dicte sentencia definitiva, pero a la luz de la detención proclamada del juez administrativo, según la cual la “disolución” no tiene carácter de medida sancionadora, sino preventiva uno, con la consecuencia de que para la emisión de la disposición correspondiente la mera presencia de elementos indicativos es suficiente los cuales permiten identificar la existencia de una relación contaminante entre la organización mafiosa y los administradores de la entidad considerada infiltrada.

Exactamente como ocurrió, en orden inverso, hace un par de décadas…»

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