La última ronda de conversaciones para un alto el fuego concluyó en El Cairo, pero aún no se ha producido el avance esperado. De hecho, las cosas se han complicado con la decisión del gobierno de Netanyahu de cerrar las oficinas de la emisora qatarí Al-Jazeera en Israel, acusada de difundir incitaciones contra el Estado judío. Y el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, prometió una vez más la ofensiva en Rafah, afirmando que comenzará pronto, “en un futuro muy próximo”. La delegación de Hamás salió de Egipto hacia Qatar para celebrar consultas con sus dirigentes después de entregar su respuesta a la propuesta sobre la mesa a los mediadores egipcios y qataríes, con un regreso a El Cairo para nuevas negociaciones prevista para el martes, pero después de las señales de progreso en los últimos días. Las negociaciones parecen estar estancadas, en particular sobre la cuestión crucial del fin de la guerra.
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tomó la palabra para aclarar que Israel no aceptará un acuerdo que incluya el fin de la guerra porque “no podemos aceptar exigencias que impliquen nuestra rendición” y definió a Hamás como “inflexible”. Posición espejo de la del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, que acusa a Netanyahu de sabotear los esfuerzos de negociación y aclara que para el grupo el acuerdo sólo existe con la perspectiva del fin de la guerra. El cierre del cruce de Kerem Shalom con la Franja, que es el principal punto de cruce para la ayuda humanitaria.
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El cierre fue decidido por Israel tras un ataque de Hamás a la zona realizado con cohetes lanzados desde la zona de Rafah. Y se produjo poco después de que la número uno del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Cindy McCain, en una entrevista con NBC News dijera que en Gaza la hambruna “se está desplazando hacia el sur”, añadiendo que es necesario tener “una mayor capacidad para traer otros camiones.” Mientras tanto, una lluvia de críticas ha caído sobre Israel por el “cierre” de Al-Jazeera: “un acto criminal”, lo definió la emisora; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno a levantar la prohibición.
