Gastos locos, Scialfa condenado por el Tribunal de Cuentas. Compensará a la Región de Liguria con 117 mil euros

Gastos locos, Scialfa condenado por el Tribunal de Cuentas. Compensará a la Región de Liguria con 117 mil euros
Gastos locos, Scialfa condenado por el Tribunal de Cuentas. Compensará a la Región de Liguria con 117 mil euros

La primera sentencia que puso fin a la condena penal de Nicolò Scialfa fue pronunciada en enero de 2022 por el Tribunal Supremo, con dos años y cuatro meses de prisión. Parecía que había saldado su cuenta con la justicia. Pero no. Para el exprofesor y director, muy apreciado en el ambiente escolar, pero que acabó en problemas judiciales cuando ingresó a la política y se convirtió en concejal y vicepresidente del consejo regional, viene otro golpe: condenado por Tribunal de Cuentas para compensar el Región con 117 mil euros, de los cuales aproximadamente 39 mil por daños materiales y 78 mil por daños a la imagen porque “había generado una idea negativa en la comunidad de la actuación del Consejo Regional”.

Hablemos de uno de los muchos capítulos de “gastos locos” de los consejeros regionales, con varias vertientes que estallaron en 2014. La relativa a Scialfa Se trata de los antiguos miembros del grupo Italia dei Valori, durante la legislatura 2010-2015 (Consejo de Burlando). Con él terminaron bajo investigación marylin fusco, Maruska Piredda Y Stefano Quaini. Cabe recordar que Scialfa acabó bajo arresto domiciliario durante 6 meses.

Pagada la factura con la justicia penal y luego de la suspensión como principal, la contabilidad ahora presenta la denuncia, con citación de septiembre de 2023 firmada por el subprocurador general. Adriano Gribbaudo y la condena (de primer grado) de 7 de marzo pasado: “… por reembolsos de gastos no adeudados de los años 2010 y 2011 por el grupo concejal Di Pietro-Italia de los valores”. Por otro lado, el informe por daños al tesoro de la Guardia di Finanza se remonta a 2014, en paralelo a la actividad investigativa de la Fiscalía Penal, a la que siguió en primera instancia la condena penal por malversación y falsificación, luego el recurso de apelación. con la prescripción del delito de falsificación; nuevamente ante el Tribunal de Casación en 2020 había ordenado un nuevo juicio y la sentencia de condena definitiva en 2022, tanto para Scialfa como para Fusco, “confirmando en el resto, y en particular en lo que respecta a la sentencia de indemnización a favor del Región de Liguria” que se había constituido en parte civil.

Ante el Tribunal de Cuentas, el ex consejero regional (asistido por el abogado Glauco Stagnaro) solicitó el procedimiento abreviado, pero el fiscal emitió un dictamen negativo. La solicitud habría sido “inadmisible porque se refería a una conducta dolosa caracterizada también por el enriquecimiento malicioso del causante”. Además, Scialfa había pedido poder indemnizar a la Región con la cantidad de 58.000 euros (el 50% de la reclamación de indemnización solicitada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas). Una vez más, su abogado objetó la prescripción, “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se realizó el gasto y el pleno conocimiento de los hechos”: es decir, más de cinco años desde 2014. El fiscal, sin embargo, impugnó motivándolo: “El derecho a la indemnización… en caso de ocultación maliciosa del daño, prescribe desde la fecha de su descubrimiento”.

Cabe recordar que en el ámbito penal el fiscal Francisco Pinto (ahora fiscal adjunto) y su colega Massimo Terrill, había formulado la acusación de malversación de fondos en relación con el uso de dinero público destinado a los consejeros regionales para gastos de viaje, cenas y papelería. Aunque las diferentes corrientes terminaron con muchas absoluciones y prescripciones.

Otra historia para Scialfa y su grupo concejal. A él, en particular, se le acusó de haber presentado facturas de decenas de botellas de vino compradas en Borgoña “por miles de euros”, y de haber solicitado también el reembolso de las compradas por amigos; por libros “cuya inherencia no está clara” con su actividad política e institucional; gastos de corbatas, bufandas, perfumes, tabaco, platería, tintorería, maquillaje; incluso “gastos de marroquinería y enseres domésticos en Agira, municipio de nacimiento del acusado”. Aunque apeló a la incertidumbre regulatoria en la materia (hasta la ley de 2012), a la falta de lineamientos por parte de la Presidencia del Consejo Regional. Y de nada sirvió recordar en el escrito de la defensa “la conducta de trabajo ejemplar (del profesor y director, ed), caracterizado siempre por el máximo compromiso”.

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