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Humo blanco para el gobierno holandés tras casi seis meses de negociaciones. La noticia fue anunciada por Geert Wilders, el controvertido líder antiislámico del partido de extrema derecha PVV, que salió claramente vencedor en las elecciones del 22 de noviembre, pero que, sin embargo, no será primer ministro. “Tenemos un acuerdo entre los negociadores – declaró Wilders -, pero las partes lo discutirán más a fondo, por lo que podría haber ajustes y cambios”»
El nuevo ejecutivo, considerado ya el más derechista en décadas de historia holandesa, incluirá, además del PVV, tres formaciones: el partido liberal-conservador VVD del primer ministro saliente Mark Rutte, ahora dirigido por Dylan Yesilgözw, el Nuevo Contrato Social (NSC), movimiento centrista recién nacido fundado por Pieter Omtzigt, y BBB, el Movimiento Ciudadano de Agricultores de Caroline van der Plas, que llegó a los titulares meses antes de que las protestas de los tractores se extendieran por media Europa.
Los cuatro partidos podrán contar con una mayoría sólida, 88 escaños de 150 en la Cámara Baja holandesa, pero habrá que verificar la estabilidad de la coalición, dadas las diferencias que ya han surgido durante las negociaciones y la desconfianza hacia un partido como el PVV que, salvo una experiencia de apoyo externo al primer gobierno de Rutte, siempre se ha mantenido al margen del poder político.
Es casi seguro un nuevo giro hacia la derecha en comparación con las políticas del último gobierno de Rutte, especialmente en lo que respecta a los inmigrantes y solicitantes de asilo, aunque aún no se conocen los detalles del programa. Una fuente dijo a la emisora RTL que los partidos habían decidido reducir a la mitad el número de trabajadores autorizados a ingresar a los Países Bajos, aunque no estaba claro cómo esto se compaginaría con la libertad de movimiento garantizada dentro de la Unión Europea.
Siguiendo el programa, durante la campaña electoral Wilders se centró en gran medida en el coste de la vida y la asistencia sanitaria, prometiendo aumentos del gasto y una reducción de la edad de jubilación. Pero las limitaciones presupuestarias hacen que sea poco probable que otros partidos apoyen estos planes.
