Nosotros, los economistas de todo el mundo, apoyamos los llamamientos de los trabajadores esenciales y sus sindicatos para una reforma de las normas de contratación pública de la UE que fortalezca la negociación colectiva y mejore las condiciones laborales en sectores intensivos en mano de obra, como los servicios de limpieza, seguridad y catering. La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve el valor económico fundamental de los trabajadores subcontratados en sectores como la limpieza, la seguridad y los servicios alimentarios.
Sin embargo, si bien los trabajadores esenciales han mantenido nuestras comunidades seguras, limpias y atendidas durante los días más oscuros de la pandemia, las entidades públicas y privadas a menudo los perciben como meros generadores de costos en lugar de inversiones cruciales en salud, seguridad y bienestar de sociedad. Un año y medio después de que la OMS declarara el fin de la Covid-19 como emergencia sanitaria global, el fin de la emergencia social que enfrentan muchos trabajadores esenciales aún no ha llegado.
Además, muchos trabajadores esenciales son trabajadores migrantes –especialmente mujeres– y enfrentan la amenaza de una creciente extrema derecha que utiliza su poder político no sólo para presionar contra las políticas económicas progresistas, sino también para dividir aún más el mercado laboral según nacionalidad, religión, género y orientación sexual. Ahora, sin embargo, los trabajadores esenciales y sus sindicatos se están movilizando en Bruselas para exigir una reforma progresiva de las directivas europeas sobre contratación pública.
La contratación pública, o la encomienda a empresas privadas por parte de autoridades públicas para el suministro de bienes y servicios, asciende a dos billones de euros, aproximadamente el 14% del PIB de la Unión Europea. Millones de trabajadores están empleados en la UE bajo estos contratos, y los estándares creados a través de la contratación pública influyen en los salarios y las condiciones laborales en todo el sector privado. Pero las prácticas de adquisiciones actuales –con su presión por ofertas más bajas– crean condiciones de mercado que permiten a los postores ignorar los criterios sociales.
El énfasis de la Directiva sobre Contratación Pública de la UE en el precio como principal criterio de adjudicación eclipsa otros factores críticos, como los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales justas, que son esenciales para el crecimiento económico sostenible y buenos empleos. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia una revisión de las directrices de contratación pública en su próximo mandato, apoyamos a los trabajadores esenciales y a los sindicatos europeos en su lucha para garantizar normas laborales justas, fortalecer la negociación colectiva y la voz de los trabajadores en estos servicios subcontratados. Y trabajaremos junto con todas aquellas fuerzas progresistas que buscan mejorar los medios de vida y las condiciones laborales de los trabajadores, independientemente de su estatus, identidad y ocupación.
Por lo tanto, apoyamos la movilización del movimiento sindical para “detener la carrera hacia el fondo” en la contratación pública en Bruselas el 1 de octubre de 2024. La negociación colectiva y los derechos sindicales son un pilar fundamental de los mercados laborales justos. Es imperativo que sus principios se integren y apliquen en todos los procesos de contratación pública.
***Todos los firmantes en el sitio web del sindicato Uni Europa
