«El Estado no nos protege de los ataques que sufrimos»

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«He vivido, con mi familia, diez meses de infierno y la medida cautelar adoptada contra mi perseguidor no me tranquiliza, ni me sitúa en una zona de…

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«Viví, con mi familia, diez meses de infierno y la medida cautelar adoptada contra mi perseguidor no me tranquiliza, ni me sitúa en una zona de protección y protección absoluta. Me gustaría señalar que he sometido al escrutinio de la autoridad investigadora varios episodios, como el incendio de mi scooter, el acoso, las amenazas y otros actos de violencia en agosto de 2023, durante los cuales el acosador, después de seguirme, colocó su coche delante de la mía para obstaculizar cualquier maniobra y también amenazó a mi hija menor de edad y a mi esposa, regresando varias veces a la casa para intimidarme para que saliera momentos antes de que llegara una patrulla policial”. Alfonso Botta, abogado penalista, está absorto en un vórtice de violencia absurda e inexplicable. Su único defecto fue haber aceptado un cliente y haberlo seguido en sus vicisitudes jurídicas para luego decidir, tras algunas de sus conductas, remitirle el mandato. “Cometí un error porque tal vez debería haberme dado cuenta de antemano de que la persona con la que estaba tratando no era capaz de interpretar las señales que me enviaba”. Este hombre se encuentra ahora bajo arresto domiciliario a petición de la Fiscalía y tras las investigaciones de la Fiscalía. Escuadrón volante de Salerno, bajo las órdenes del subcomisario Gianni Di Palma.

LA HISTORIA

«Los gravísimos episodios que sufrí fueron inicialmente tipificados inexplicablemente como violencia y daño privado, excluyendo la existencia de la hipótesis delictiva de acecho, así como fueron sistemáticamente rechazadas las reiteradas solicitudes encaminadas a solicitar la aplicación de medidas cautelares para mi protección, al existir el riesgo concreto de reincidencia de delitos, así como la solicitud de asesoramiento psiquiátrico sobre un tema con alto perfil de peligrosidad social. El caso es que al día siguiente de recibir la notificación de las conclusiones de la investigación, este hombre vino nuevamente a mi casa y prendió fuego a mi auto, devastándolo. Recién después de presentar una nueva denuncia los investigadores decidieron cambiar el cargo a acecho y adoptar aquellas medidas solicitadas por mí en varias ocasiones; “Está claro que faltó sentido común y que hubo mucha superficialidad al subestimar pruebas circunstanciales abrumadoras, exponiéndome a riesgos concretos para mi seguridad y la de mis seres queridos”, explica detalladamente la víctima. Y continúa: «¿Cuál es mi culpa? Habiendo renunciado a todas las tareas recibidas de un cliente que ya no era manejable, que se sentía víctima de una persecución judicial pero que en realidad se convirtió en perseguidor. Aunque hasta la fecha se encuentra bajo arresto domiciliario, no me siento garantizado y he solicitado nuevamente la realización de investigaciones técnicas encaminadas a demostrar un claro peligro social”. La decisión de Botta de dejar al cliente se produjo después de que el hombre agrediera a un juez en la sala del tribunal y luego acudiera a la policía judicial para denunciar al magistrado.

LA SALIDA

«Los sujetos acusados ​​de delitos comprendidos en el código rojo no son estables y a menudo se ven afectados por trastornos de conducta o patologías que afectan a su capacidad de autodeterminación, haciéndolos socialmente peligrosos: sólo un tratamiento sanitario adecuado en estructuras apropiadas puede ayudarles a iniciar una carrera camino de curación y garantizar una protección adecuada a las víctimas de su comportamiento. El Estado no me da la posibilidad de protegerme de otra manera que no sea recurriendo a los encargados de la administración de justicia, pero cuando la protección llega tarde el daño causado ya es enorme; Me siento como un guerrero enviado a luchar sin armadura ni armas, viví aterrorizado durante meses y me sentí abandonado por todos – comenta de nuevo – Los abogados hoy son objetivos inamovibles, víctimas de represalias, de violencia psicológica y física, profesionales que incurren en exorbitantes costos para ejercer su profesión pero que no disfrutan de la protección adecuada. Otros compañeros míos no tuvieron el valor de denunciar al mismo acosador que me acosó durante meses por miedo y otros tantos, también por miedo, renunciaron a actuar contra los clientes violentos e morosos. Necesitamos una intervención legislativa que dé a toda la categoría garantías adecuadas y la certeza de poder trabajar de forma pacífica y segura”.

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